Mientras la Fiscalía General de la Nación tiene en sus reportes oficiales que, entre 1988 y 2014, en Colombia se presentaron 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales mal llamados “falsos positivos”; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que, solo entre 2002 y 2008, se habrían registrado, por lo menos, 6.402 víctimas. Aunque la cifra es reveladora, las organizaciones sociales que han entregado bases de datos al Tribunal de Paz aseguran que podría aumentar si se contemplan otros periodos del conflicto armado y si más militares sometidos cuentan otros crímenes.
Aunque los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y la JEP los está investigando hasta 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, la Sala de Reconocimiento anunció que le va a dar prioridad al periodo de 2002 y 2008, justo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, debido a que en ese momento se presentó el 78% de los casos. Según la JEP, en ese lapso de seis años se habrían presentado 4.154 casos más que no tienen documentados ni la Fiscalía ni el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para lograr este consolidado de cifras, la Jurisdicción acudió a los informes, bases de datos, registros e información de diferentes organi-zaciones, como el Colectivo de Abo-gados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia Europa Estados Uni-dos. A pesar de las discrepancias en los números, todas las entidades y organizaciones coinciden con que el periodo de 2002 y 2008 fue el más crítico para este fenómeno.
Si bien esta es la primera vez que una entidad gubernamental presenta un consolidado de cifras de esta magnitud, para los abogados que representan a víctimas de este delito, no es una sorpresa toparse con ese número de casos. “Un número similar ya había sido expuesto años previos en informes de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, por lo tanto, ese reconocimiento es importante como una confirmación de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en la investigación y consolidación de la información para dar a conocer la magnitud de este fenómeno de criminalidad”, asegura Sebastián Bojacá, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
La JEP fue enfática en que esta no es una cifra absoluta y que ape-nas este es un avance de los datos consolidados en la investigación del Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), agrega que las organizaciones civiles tienen una base de datos de más de 6.000 víctimas, pero el subregistro podría estar concentrado, por ejemplo, en los casos de excombatientes de las Farc que, luego de su desmovilización y de acogerse a planes del Gobierno, “fueron puestos en condición de inferioridad y, siendo civiles, se dio su ejecución”. El abogado explica que pocas historias con estas características han salido a la luz pública.
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